México se ha convertido, sin dudarlo, en un laboratorio de experimentación del modelo de desarrollo neoliberal, y en tal sentido todos los territorios del país se enfrentan a múltiples y complejos conflictos socio-ambientales que se han incubado al abrigo de los ajustes institucionales del Estado, proclives al extractivismo y al despojo territorial, a la proliferación de negocios transnacionales y la ocurrencia de violencias que ocasionan graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Esta crisis estructural del modelo de desarrollo y de la democracia en México fue la que sacó a flote el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se recoge en buena medida en esta revista