Analizábamos anteriormente la evolución que ha tenido la Ciencia del Derecho penal y el modo en que las circunstancias sociales de cada momento condicionaron su progreso. Si entendemos que el Derecho penal es el mecanismo más poderoso con el que cuenta el Estado para proteger los bienes indispensables de la sociedad, no sólo resulta evidente que las distintas necesidades sociales básicas determinen su intervención, sino que esto se vuelve una exigencia dado que la protección de bienes jurídicos es su única justificación. Y las circunstancias actuales del Derecho penal son las de tener que operar en una sociedad donde impera el riesgo. Un riesgo proveniente principalmente de la expansión sin precedentes que ha experimentado la actividad tecnocientífica y una sociedad donde el peligro es una parte consustancial de su acontecer y, como tal, se ha asumido e integrado en su esencia. Considerando las características que la noción de riesgo conlleva -y entre las que, de modo especial, quisiéramos destacar su falta de concreción y certeza-, el Derecho penal de la sociedad del riesgo no puede sino ser un Derecho penal del riesgo. Conforme los riesgos de la tecnociencia se han ido expandiendo por distintas áreas, el Derecho penal ha hecho lo propio, siguiendo un camino sinuoso sin un destino claro más que el indicado por la actividad tecnocientífica. Pero si bien no podemos conocer esa meta, sí podemos echar la vista atrás y observar las características que ha tenido este recorrido con el objeto de poder prevenir los errores que pudieran haberse cometido en futuras regulaciones, que con toda seguridad llegarán. Al volver nuestra mirada, no obstante, lo que encontramos es una Ciencia del Derecho penal que se va desgastando conforme progresa. El querer seguir el ritmo de la tecnociencia, esto es, de la actividad de las ciencias más experimentales, le hace perder de vista sus propias características esenciales, los constructos teóricos desarrollados desde épocas ilustradas en un