El proceso penal es el marco para la gestión de aquellos conflictos de intereses surgidos a consecuencia de la comisión de un delito; pero dicha gestión, a su vez, descansa en la necesidad del esclarecimiento de los hechos (por medio de la actividad probatoria), así como, en el respeto a los derechos humanos de todos aquellos que intervienen en el drama penal. Ahora bien, dentro de este panorama la observancia de los derechos humanos se constituye en una barrera de contención que limita y condiciona la injerencia del poder público en torno a la persecución de delitos y la invasión que dicha persecución genera en la esfera de los derechos y libertades.