La doctrina administrativa ha prestado en general una atención relativamente escasa a la actividad promocional o de fomento, al menos en comparación con otras formas de actuación de la Administración. Si esto es así con carácter general, aun cuando no deban menospreciarse muy interesantes obras aisladas, especialmente en el caso de las subvenciones, la desatención se agudiza cuando se llega a los beneficios fiscales. Obviamente, el importante peso que tiene la ley en su definición y establecimiento no ayuda a su estudio desde una perspectiva del actuar de la Administración. Sin embargo, la actividad de fomento a través de incentivos fiscales constituye uno de los instrumentos más relevantes de la actuación administrativa. De acuerdo con los datos más recientes, los beneficios fiscales previstos por el Estado para 2023 superarán los 45 mil millones de euros, que se elevan a casi 60 mil millones si se suman los correspondientes a las Comunidades Autónomas y los entes locales. Esto hace que hablemos de casi un 5% del PIB español. De hecho, no falta un importante sector doctrinal que promueve el recurso a la técnica de los beneficios fiscales en detrimento de las ayudas o subvenciones como principal instrumento de fomento de actividades privadas. En este ingente gasto fiscal el Gobierno asume una posición de gran protagonismo en su establecimiento, no sólo a través del monopolio de la presentación del proyecto de ley de presupuestos, en el que muchas veces se concretan estas opciones, sino también a través de su capacidad para vetar e impedir la tramitación de cualquier iniciativa de la oposición dirigida a establecerlos. A ello ha de añadirse la indudable actividad de índole administrativa que comportan las tareas de comprobación de la efectiva concurrencia de los requisitos necesarios para disfrutarlos o incluso - menos frecuentemente - la del propio reconocimiento de la pertinencia del beneficio. Por tanto, el análisis desde dicha perspectiva administrativista no