La historia demuestra que la barbarie cometida por el hombre en agravio de la humanidad no es un acto de reciente ejecución y que a ella los Estados le han dado diferentes respuestas con el devenir del tiempo, como la concesión de amnistías en favor de los responsables de los crímenes y la imposición del olvido, la instauración de juicios de carácter nacional poco eficaces, el juzgamiento de los perdedores de la guerra por aquellos que la ganaron, la edificación de foros ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la autoproclamación de una jurisdicción sin límites que facilita enjuiciar a los tiranos, la confección de mecanismos de justicia restaurativa como las comisiones de la verdad y la reconciliación y, finalmente, la construcción de una Corte Penal Internacional de carácter permanente y global que aún no termina por convencer del todo a la comunidad de Estados en su conjunto. Este caminar por intentar sancionar y prevenir los crímenes internacionales, ha sido largo y no ha rendido los mejores frutos. Sin embargo, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 parece que la sociedad internacional, en particular, y la humanidad, en general, han venido exigiendo con mayor ahínco medidas eficaces de justiciabilidad para aquellos actos de barbarie. En torno al combate a los crímenes de derecho internacional, en especial el crimen de lesa humanidad, la comunidad internacional actualmente parece encontrarse ante dos modelos para afrontarlos. Por un lado, se hallan los esfuerzos estatales aislados, entre los que destacan el empleo de la llamada jurisdicción universal y, por otro, se erige la opción de generar esfuerzos coordinados bajo la creación de un novedoso, pero no maduro, sistema jurídico penal de carácter internacional que pugna por la armonización global de normas nacionales con reglas internacionales, a fin de justiciar los crímenes que irrumpen los valores inherentes a la comunidad de Estados