La digitalización de la economía ha contribuido a que las plataformas digitales sean claves en nuevos modelos de negocios, dando lugar a lo que se ha llamado "economía de plataforma", concepto más amplio de lo que se conoce como "economía colaborativa". El aumento de las transacciones nacionales e internacionales realizadas a través de las plataformas digitales supone un reto para las Administraciones tributarias para poder gravar las rentas obtenidas por los vendedores de bienes/prestadores de servicios. Algunos Estados han regulado obligaciones informativas específicas para determinados negocios como, por ejemplo, los arrendamientos de viviendas ocasionales realizados con la intermediación de una plataforma digital. Sin embargo, la Unión Europea, siguiendo la estela de la OCDE, consideró que no era suficiente, y optó por establecer una obligación de informar por parte de los operadores de plataforma que comprende de manera amplia aquellos negocios que se llevan a cabo a través de las plataformas digitales como una medida para luchar contra el fraude fiscal. En esta obra se examinan los acuerdos de intercambio de información según las Normas tipo de la OCDE y la Directiva 2021/514, del Consejo de 22 de marzo (conocida como DAC 7). En relación con ello, también se revisan aspectos contemplados en dicha normativa en materia de cooperación entre Administraciones tributarias como el concepto de "pertinencia previsible" o las inspecciones conjuntas. Uno de los aspectos a tener en cuenta en la Directiva 2021/514, y en la implementación que hagan los Estados de la norma comunitaria, es determinar el Estado donde, tanto los operadores de plataforma con residencia fiscal en algún país de la Unión Europea como aquellos operadores cuya residencia se encuentre fuera de la Unión, deben cumplir con la obligación de informar respecto de los vendedores de bienes y prestadores de servicios que utilizan la plataforma digital en su actividad económica o empresarial.