Los campesinos y campesinas, como sujetos de especial protección constitucional, conforme se estableció en el Acto Legislativo 01 de 2023, han tenido a lo largo del tiempo una lucha incansable por el territorio, su dignificación y el mejoramiento en sus condiciones de vida. En varios momentos históricos el Estado ha intentado comprender sus reclamos, a través de intentos frustrados de creación normativa sobre reformas agrarias y rurales; sin embargo, el Estado también se ha caracterizado por el abandono e indiferencia del mundo rural, lo que ha generado externalidades negativas en el campesinado, así como el surgimiento de dictaduras locales encabezadas por gamonales políticos y grupos armados ilegales que ejercen control en los territorios. Ante esta realidad, las comunidades campesinas establecieron formas de organizar el territorio y en ellas han consolidado procesos de resistencia, organización y autorregulación, empero, el ordenamiento territorial colombiano, aún no las reconoce como entidades de la división político-administrativa. En tal sentido, el reconocimiento jurídico de las formas locales de organización rural de las comunidades campesinas, se constituye en una necesidad para reconfigurar el ordenamiento territorial y permitir la participación efectiva del campesinado en la vida social, política y económica del país, con especial incidencia en la materialización de sus derechos como sujetos colectivos y, en consecuencia, garantizar la convivencia pacífica y la justicia social, a partir del empoderamiento de sus liderazgos y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. La presente tesis doctoral evidencia la existencia de estas formas de organización del territorio rural de las comunidades campesinas y establece cómo su reconocimiento exige la reconfiguración del modelo del ordenamiento territorial colombiano.