Es una desgraciada realidad cotidiana de nuestros tribunales penales la continua suspensión de los juicios orales. Pese a la gran repercusión práctica que tiene la suspensión de los juicios, lo cierto es que no ha merecido en la doctrina la suficiente atención. El problema de las suspensiones de los juicios orales ocasiona grandes perjuicios tanto respecto a los ciudadanos, por la lentitud que provoca y el retraso que origina en el ejercicio de su legítimo derecho de acción, como respecto a la administración de justicia, cuyo descrédito y pérdida de prestigio van ahondando en la desconfianza de la sociedad hacia la misma.