La cuestión relativa a la posibilidad, en general, que se otorga a los padres de educar a sus hijos de conformidad con sus propias convicciones se sitúa prima facie en el orden de los principios éticos que inspiran concepciones profundas -de los individuos y de las sociedades- sobre el mundo y sobre el hombre. En los países desarrollados estas concepciones se articulan en marcos jurídicos, de distinto rango y alcance, e inspiran, de uno u otro modo, su desarrollo o su interpretación. La problemática de la educación en familia se sitúa también en este contexto y ha de ubicarse, por tanto, en ese punto de partida.