El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Código