No cabe duda de que uno de los grandes temas políticos del siglo XXI es cómo afrontar la cuestión de la seguridad. Se ha extendido la tendencia que aboga por el castigo como método disuasorio o correctivo. Las críticas a la prisión permanente revisable introducida con la reforma del Código Penal de 2015, la aprobación de la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, o la criminalización de nuevas conductas, han abierto el escenario para que las tesis abolicionistas de la prisión que destacaron en los años sesenta y setenta, especialmente en los países nórdicos, hayan comenzado a tener una notable incidencia en el debate social de los últimos años.