Las crisis sociales y la inacción del Legislativo y el Ejecutivo en la materialización del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales previstos por la Constitución de 1991, convierten a la acción de tutela en una necesidad del ciudadano colombiano para obtener soluciones efectivas y oportunas, situación que ha generado un marcado activismo del juez de tutela y controversiales consecuencias institucionales en el sistema constitucional colombiano. En este marco, se abordarán los amplios poderes que el ordenamiento jurídico colombiano le ha concedido al juez de tutela como factor de legitimación para la Corte Constitucional como arquitecto del Estado social de derecho en Colombia.