En muchos países de América Latina los ciudadanos de a pie sienten que el poder político está en manos de una minoría y que el voto periódico no alcanza como mecanismo de control. La justicia está cuestionada y hay casos en que juega al filo de las reglas democráticas. Tendemos a pensar que el principal problema es la corrupción o la impunidad de los funcionarios, y que para salvar el sistema bastaría que un Poder Judicial imparcial e independiente hiciera respetar la Constitución. Pero ¿y si el problema estuviera, precisamente, en nuestras constituciones? ¿Qué pasaría si alguien nos dijera que esos "textos sagrados" esconden desde sus orígenes, como un secreto, un alma elitista, hostil al gobierno de las mayorías? Roberto Gargarella, uno de los mayores especialistas en derecho constitucional, desarma magistralmente los lugares comunes de la discusión y plantea que, para que la democracia se parezca cada vez más a una "conversación entre iguales", con mecanismos reales de participación ciudadana, primero hay que entender la verdadera raíz de la crisis. Nuestras constituciones se forjaron a mediados del siglo XIX para organizar países que habían atravesado guerras civiles. La prioridad era distribuir el poder entre las minorías ilustradas y mantener a raya a las masas, sinónimo de violencia y caos. Casi doscientos años después, y pese a que en el siglo XX hubo valiosas reformas que reconocieron derechos, nuestro sistema institucional está marcado por ese elitismo originario y por la desconfianza democrática. Jueces con cargos vitalicios y enormes privilegios tienen la última palabra constitucional, mientras que las autoridades políticas procuran recortar o colonizar esas atribuciones. El famoso esquema de frenos y contrapesos termina siendo en los hechos un mecanismo espurio de pactos y negociaciones entre dirigentes aislados de la ciudadanía, con el único fin de preservar sus condiciones de excepción.