Si en América Latina las leyes destinadas a eliminar la corrupción, el clientelismo electoral, la discriminación racial o la violencia contra la mujer, a redistribuir los ingresos a los pobres o a proteger el medio ambiente efectivamente se cumplieran a lo largo del tiempo, las consecuencias sociales y políticas serían impactantes. En efecto, la distancia entre lo que imponen las normas escritas y lo que sucede en la práctica es un rasgo persistente en la región, que se ha vuelto más visible desde que los procesos de democratización, en los años ochenta del siglo XX, renovaron las demandas sociales e impulsaron la competencia política. A menudo se asume que la debilidad institucional que está detrás de esta brecha es una condición de fondo, una suerte de destino inscripto en el ADN político latinoamericano. En este libro original y persuasivo se argumenta todo lo contrario: la debilidad institucional suele ser una estrategia política, a la que pueden apelar tanto quienes gobiernan como quienes aspiran a llegar al poder. Así, los autores –que sistematizan y condensan aquí sus largas trayectorias en el estudio de la debilidad institucional en la región– analizan reglas que se diseñan para no aplicarse, o para que las cumplan algunos pero no otros; reglas políticamente atractivas para quienes las crean pero vetadas de hecho, en el terreno, por los responsables de aplicarlas; reglas creadas para no cumplirse ahora sino en el futuro; reglas que se aplican según la coalición en el poder o la capacidad de los actores sociales movilizados para apoyarlas o rechazarlas. En ese ajedrez político, que empieza en el diseño, sigue en la implementación y termina en el grado de cumplimiento de las normas, se juega buena parte de la calidad de la democracia en el continente, todavía acechada por una combinación de desigualdad, capacidad estatal disminuida y volatilidad política y económica.