Este trabajo hace un estudio comparativo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal español, referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en materias como la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente y los recursos naturales. La obra está dividida en tres partes. La primera hace referencia al sustrato normativo que ha sido tenido en cuenta a la hora de tipificarse estos delitos; la segunda parte intenta delimitar lo que debe entenderse por -ordenación del territorio-, -patrimonio histórico- y -medio ambiente- como bienes jurídicos protegidos; en la tercera parte se hace un análisis de los tres preceptos punitivos antes indicados.