En definitiva, el análisis global de las medidas de esta década de cambios normativos e intensa actividad jurisprudencial descubre un importante impulso en el plano autonómico al desarrollo de la garantía de la vivienda, que parece alinearse con los últimos avances del derecho internacional. Apreciamos, en todo caso, un cierto margen de mejora para corregir algunas ineficiencias y obstáculos que limitan el alcance de algunas de estas medidas. Además, la efectividad del derecho a la vivienda precisa de un abordaje legal e institucional complejo que combine medidas a corto plazo (p. ej. la movilización de la vivienda vacía y fórmulas de emergencia) y otras que faciliten la acción sobre el medio-largo (p. ej. reservas de suelo, impulso a las asociaciones de vivienda, etc.) y que además permita ofrecer soluciones moduladas para colectivos con problemáticas diversas (personas mayores, jóvenes, familias monoparentales, etc.). En todo caso, la perspectiva general parece consolidar una interpretación más amplia del art. 47 CE, acorde con el principio de dignidad, que rompe con el paradigma tradicional al concretar formas de garantía de su dimensión jurídico-subjetiva y perseguir, además, su eficacia entre privados mediante la delimitación de la función social de la propiedad y el contrato.