Durante mucho tiempo la licitación pública ha estado sujeta a malas prácticas administrativas relacionadas con el direccionamiento de los procesos de selección mediante diseños elaborados a la medida de los proponentes, lo que ha conllevado una muy baja o, en ocasiones, nula participación en las convocatorias, causando con ello un detrimento patrimonial al Estado por la violación sistemática de las restricciones legítimas y proporcionales del interés general. El exhaustivo trabajo de campo realizado por el doctor Matallana entre 2012 y 2015 permite apreciar que en la mayoría de los casos estudiados hubo un flagrante y abierto quebrantamiento de las reglas que rigen los contratos estatales, entre ellas, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a la igualdad, el derecho de participación y el principio de selección objetiva. A partir de la definición de licitación pública y de las categorías jurídicas que la gobiernan, el autor analiza la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones, las competencias administrativas que deben ser respetadas, el efecto del interés general en su confección, el test de igualdad y cómo las convocatorias públicas permiten seleccionar los proponentes y adjudicar los contratos. Además, revisa algunas de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y los pronunciamientos de la doctrina respecto de las acciones afirmativas para proteger el derecho a la igualdad y la libre competencia económica; sin embargo, las conclusiones a las que llega no son tan sorprendentes como se podría esperar.