A través del Acto Legislativo 3 de 2002 fueron introducidas en la Constitución Política de Colombia las bases para un sistema procesal penal de tendencia acusatoria. Este sistema, desarrollado por la Ley 906 de 2004, trajo consigo a nuestro ordenamiento nuevas figuras que han suscitado una serie de discusiones por sus distintas implicaciones al interior del proceso penal. El allanamiento y los preacuerdos, ambas formas de aceptación de cargos y, por ende, de terminación anticipada del proceso penal, son unas de estas figuras, puesto que dadas las tensiones que suponen en materia de algunos principios procesales, han suscitado debates en torno a múltiples cuestiones.