El reconocimiento del derecho de libertad ideológica y religiosa lleva aparejada la facultad subjetiva de actuar conforme a las propias convicciones personales, lo cual resulta problemático cuando tal opción se contrapone a un mandato jurídico. En ese momento aparece la objeción de conciencia, que constituye una facultad diferenciada particularmente problemática en cuanto a su caracterización y ejercicio. Por su especial incidencia en el Estado de Derecho, las sociedades democráticas necesitan una regulación precisa que delimite el contenido y limite el ejercicio de la objeción de conciencia, de suerte que haga compatible la pretensión del objetor con la salvaguarda de los demás derechos.