En este trabajo se trata de valorar si el proceso, como uno de los instrumentos esenciales y constitucionalmente exigibles para la defensa y consecución de los derechos subjetivos y la cumplimentación en cánones adecuados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (al suponer la concurrencia de garantías de certeza, previsibilidad o seguridad jurídica, y trazar una senda de actuación irrebasable para la Administración de Justicia), puede estar sufriendo una difícilmente aceptable desnaturalización o mutación hasta erigirse en un instituto cada vez más administrativizado y desapegado de su verdadera razón de ser.