En un intento de conseguir que la prisión no fuera la principal respuesta a la delincuencia, el Código penal español de 1995 aumentó el elenco de penas alternativas a la prisión. A pesar de ello y de posteriores reformas en la materia, desde la década de los ochenta la población reclusa en España no ha cesado de aumentar. Ello es debido en parte a que las penas alternativas no parecen ser una respuesta convincente para determinado tipo de delincuentes. Este libro aborda los aspectos normativos de las penas comunitarias desde una perspectiva europea, algunos problemas relacionados con la supervisión judicial de las mismas y con la formación de los profesionales responsables.