Desde un enfoque de derechos humanos, y acorde a los estándares internacionales, se puede señalar que la protesta social constituye un ejercicio de derechos, por lo que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar este derecho en condiciones de igualdad. Para ello es necesario que los Estados organicen todo el aparato de poder público, incluidas las policías, para permitir el pleno goce y ejercicio de este derecho, y las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la protesta deben ser sancionadas y se deben adoptar las medidas para evitar su repetición. Hemos sido testigos de la violencia represiva como respuesta ante la protesta social, la que en varios países de la región ha provocado graves situaciones de crisis de derechos humanos, con miles de víctimas por ejercer el legítimo derecho a manifestarse políticamente. Al mismo tiempo vemos un creciente proceso de criminalización de la protesta, como un mecanismo institucional para despolitizar las demandas sociales y encapsularlas en un escenario judicial propicio para castigar a quienes se expresan políticamente y para mantener en la impunidad a quienes han violado gravemente los derechos humanos. Así, las políticas represivas y la falta de controles políticos y judiciales eficaces han puesto en serio riesgo el estado democrático de derecho en la región, a través de la afectación de la triada fundamental en la materia, cual es: la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como base de un sistema democrático regido constitucionalmente.