Dos grandes deudas tiene el Estado colombiano frente al derecho fundamental de acceso igualitario a los cargos públicos: una por acción y otra por omisión. La primera, al existir una desconexión entre el ser y el deber ser de los concursos de méritos, y la segunda, por carecer de una política pública que garantice el aspecto material del derecho a la igualdad. El concepto tradicional de meritocracia produce un déficit constitucional que no refleja la sustancia de un Estado social de derecho cuyos pilares son la justicia distributiva y la igualdad material. Se puede afirmar que el empleo público en Colombia se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales. Para superar esta crisis, se considera necesario formular y ensayar nuevas alternativas a fin de mitigar los efectos del modelo tradicional de meritocracia. Se propone el principio del mérito incluyente como un aporte para saldar las deudas del Estado en materia de ingreso al servicio público en clave del nuevo pacto social.