Luego de décadas de una política de mano dura contra el delito, muchos Estados de América se enfrentan hoy a una paradoja: mientras han aumentado el uso del encarcelamiento a tal punto que el hacinamiento de sus cárceles se ha desbordado, Latinoamérica se ha convertido en el continente con las cifras más altas de homicidios en el mundo. El fracaso de maximizar el uso de la cárcel como estrategia de seguridad es evidente, tanto por los altos costos que ha generado en términos de derechos humanos y presupuestales, como por su falta de efectividad para reducir el delito. Colombia no es la excepción. Después de inversiones enormes para construir cárceles y de la declaración de dos estados de cosas inconstitucionales por la Corte Constitucional, la población reclusa sigue inmersa en condiciones de vida inhumanas, viendo sus derechos vulnerados de manera constante, generalizada y masiva. Ante esto, es urgente que el Estado reformule su política criminal y repiense el rol que la cárcel y las medidas alternativas al encarcelamiento cumplen en el sistema penal. En este libro se analiza cómo la inflación punitiva en la política criminal colombiana ha desfigurado el uso de la prisión, limitado de manera excesiva el uso de las medidas alternativas al encarcelamiento y trastocado los principios que gobiernan el derecho a castigar del Estado social de derecho. Así, a través de un estudio del diseño normativo del encarcelamiento en el sistema penal y del análisis buenas prácticas en otros países (Estados Unido, Inglaterra, México y Francia), esta investigación busca dar recomendaciones que ayuden no sólo a resolver la crisis carcelaria, sino también a corregir los excesos autoritarios de un derecho penal que antepone la seguridad a los derechos humanos