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Fiscal Policy in the Regulation of Adult-Use Cannabis in Colombia

  • Año de edición 2022
COP $ 24.900

The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana's comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child's play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.


The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana's comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child's play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.
  • Formato
    Ebook
  • Estado
    Nuevo
  • Isbn
    9786287517387
  • Peso
    1.5 MB
  • Número de páginas
    112
  • Año de edición
    2022
  • Idioma
    Inglés
  • Formato
    PDF
  • Protección
    DRM
  • Referencia
    BKW122864
  • Colección

Isabel Pereira Arana

Autor

Es politóloga de la Universidad de los Andes de Colombia (2008), y Magister en Estudios de Desarrollo, con énfasis en conflicto y construcción de paz del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza – IHEID (2015). Su interés se centra en el impacto de las políticas de drogas en el desarrollo rural, la salud pública y los conflictos armados. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigaciones de la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con especial énfasis en acceso a medicamentos controlados para cuidados paliativos y drogodependencia, e implicaciones del proceso de paz en las políticas de drogas en Colombia. Adicionalmente, Isabel es miembro del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD).

Previamente, Isabel trabajó como profesional de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en zonas de conflicto en Colombia y como asesora para el Gobierno nacional en negociación multilateral.

Luis Felipe Cruz Olivera

Autor

Es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su ámbito de investigación es la historia y el desarrollo del conflicto armado y su relación con el narcotráfico. Ha trabajado el vínculo entre garantía de derechos humanos, procedimiento penal y sistemas penitenciarios. También ha estudiado la calidad de vida en territorios donde se cultiva coca, y el impacto de las políticas de drogas en el acceso a derechos sociales en poblaciones cocaleras. En la actualidad, es investigador de la línea de Política de Drogas en Dejusticia, y hace parte del equipo que coordina el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho.

Alejandro Rodríguez Llach

Autor

Es economista y magíster en economía aplicada con profundización en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Cuenta, además, con una opción en ciencia política en la misma universidad. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como investigador en organizaciones como Fedesarrollo y E-valuar en proyectos relacionados con los impactos socioeconómicos de las inversiones en Ciencia, Teconologia e Innovación, en infraestructura física y en educación.

Actualmente es investigador principal de la línea de Justicia Económica en Dejusticia. Su trabajo ha estado relacionado con temas de goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado, economía política y paz. Sus últimas investigaciones se centran en analizar los impactos de la política fiscal en los derechos humanos y en los niveles de desigualdad. Adicionalmente, asiste a Rodrigo Uprimny en la evaluación de Estados en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.