Una de las claves para el desarrollo del deporte es disponer de espacios adecuados para que la ciudadanía pueda practicarlo. En España el desarrollo de esta línea estratégica de fomento del deporte ha sido liderado desde las Administraciones públicas que se han convertido en las grandes promotoras de la construcción de instalaciones deportivas, en especial desde los ayuntamientos que, según el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005, poseen el 52,3% de ellas. Sin embargo, la mentada expansión de las instalaciones deportiva no ha ido acompañada de una adecuada preocupación para articular la mejor gestión de su mantenimiento, y el de los programas y actividades que se prestan en las mismas, lo cual es igualmente esencial para la promoción del deporte. Tanto es así, que muchos consistorios locales se han visto desbordados en la asunción de estas responsabilidades por lo que han recurrido a soluciones en el sector privado a través de fórmulas de gestión basadas en el modelo de colaboración público-privado, en especial a través de la concesión de obras públicas, actualmente suprimida por la legislación vigente en materia de contratos del sector público, en las cuales las instalaciones deportivas eran construidas y posteriormente gestionadas por entidades concesionarias. Ahora bien, la aplicación de las fórmulas de gestión del modelo de colaboración público-privado en la gestión de instalaciones siguió prácticamente el mismo patrón en todos los municipios, sin tener en consideración el tamaño u otros factores diferenciales de los mismos. A la falta de una reflexión particular sobre la idoneidad del modelo en cada uno de los municipios e instalaciones, se han sumado otras circunstancias como la grave crisis económica de 2008, que ocasionó diversos cambios en el sistema de gestión de los centros deportivos tanto privados como públicos, la crisis derivada de la COVID-19 o incluso la crisis del sector energético que estamos sufriendo en la actualidad.