En el 2008, La Corte Constitucional colombiana enfrentó un problema jurídico y político de gran importancia parta las comunidades indígenas y afrocolombianas: determinar las características y límites del derecho que tienen estas minorías culturales para que las medidas legislativas que las afectan de manera directa les sean consultadas previamente. Esta discusión, que se dio a propósito de una demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes y que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley General Forestal, tiene una gran relevancia política y jurídica en cuanto al derecho fundamental a la consulta previa está estrechamente ligado con el principio de la democracia participativa (uno de los ejes que estructuran el Estado colombiano). El derecho fundamental a la consulta previa, por tanto, tiene como objetivo permitir que las comunidades indígenas y la comunidad afro participen efectivamente en la articulación de las normas jurídicas que los afectan de manera directa y, consecuentemente, contribuir a determinar el modelo político, económico y cultural que se quiere para Colombia. El derecho a la consulta previa está ligado, además, con algunas preguntas centrales para un Estado que reconoce y valora la diversidad cultural, por ejemplo: ¿cuáles son las obligaciones que tiene un Estado que se autoproclama pluralista y multicultural en relación con el derecho a la participación política de sus minorías culturales? ¿Cómo pueden articularse adecuadamente las potestades que tiene el legislador con los derechos de las comunidades minoritarias a participar en la creación de las medidas legislativas que los afectan directamente? ¿Cuáles son las estrategias jurídicas disponibles para la defensa del derecho a la consulta previa? Estas preguntas, entre otras, son las que este libro intenta responder.