El suministro de energía a las áreas marginales de las grandes ciudades se ha convertido en un grave problema para las administraciones municipales. Es común que sus habitantes tomen ilegalmente el servicio, desviando cables, y realicen conexiones domiciliarias lejanas a los estándares de la industria. Cortocircuitos e inestabilidad en el voltaje suministrado –incluso para quienes la reciben legalmente– es el efecto claro en el servicio para las familias; importantes pérdidas económicas, derivadas de la no facturación de la energía robada y el costo de los mayores esfuerzos requeridos en mantenimiento de las redes, lo es para las empresas proveedoras. El problema es de tal magnitud que amenaza incluso con la inviabilidad de las empresas proveedoras del servicio –como ha ocurrido en la costa norte colombiana–.