La existencia de derechos supra-individuales dentro del marco medioambiental depende de la efectiva protección de los bienes colectivos sobre los que recaen aquéllos, punto en el cual, el sector asegurador, conocedor de los desafíos que involucran tales derechos, en particular, de los efectos económicos catastróficos, continúa en la búsqueda de soluciones que le permita ofrecer de forma restringida coberturas a los interesados u obligados a amparar los daños producidos en cierto tipo de bienes colectivos o inclusive su propia responsabilidad, sin exponer irracionalmente el patrimonio de las compañías garantes.