La crisis económica internacional, así como los delitos financieros y políticos a ella asociados, ha devuelto al primer plano de la discusión la pregunta por la culpabilidad de las organizaciones. Las propias organizaciones están comenzando a ser percibidas por la sociedad con cierta ambivalencia: por un lado, aparecen como un campo de oportunidades de progreso social, económico y tecnológico, pero al mismo tiempo se las empieza a observar como un fenómeno en sí mismo peligroso, en la medida en que quienes las dirigen a menudo aprovechan los medios y el poder que las organizaciones proporcionan para ocultarse tras ellas y delinquir.