La administración de justicia, además de pronta y cumplida, debe ser eficaz, y la institución de las -Medidas cautelares- contribuye con tales propósitos. Sin un régimen cautelar no es posible hacer efectivas las decisiones judiciales que tutelan el derecho reclamado. El nuevo ordenamiento procesal deroga el Código de Procedimiento Civil, confiriéndole al juez un mayor poder cautelar para ser utilizado con criterios razonables y ponderados en cada caso en particular, que contribuirán a materializar las decisiones judiciales.