La Ley 100 de 1993 estableció el mandato de igualar los planes de beneficios en salud que reciben los colombianos afiliados a los regímenes contributivo o subsidiado. En 2011, dicha orden no se había cumplido porque tanto los recursos per cápita como los beneficios del régimen subsidiado seguían siendo casi la mitad de los estipulados para el contributivo. Este estudio demuestra que la brecha entre los dos regímenes se ha ampliado debido a la reducción del esfuerzo fiscal del gobierno nacional para el financiamiento de la salud de la población pobre.