Que los derechos fundamentales sean proclamados y protegidos es una imperiosa necesidad democrática. Que lo sean por diferentes normas y jurisdicciones concurrentes solo es bueno si redunda en su vigencia y no genera paradójicos efectos de desigualdad e inseguridad jurídica. Esta obra analiza los problemas de articulación jurídica que suscita la garantía básica del sector del ordenamiento quizás más sensible a los derechos fundamentales, pues las normas penales son su principal instrumento de protección a través precisamente de su privación por medio de la pena.