Han transcurrido casi ocho años desde la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transpone, entre otras, la Directiva 2014/104/UE, relativa a las acciones por daños ante infracciones del Derecho de la competencia. Este lapso de tiempo nos ha permitido tomar perspectiva y realizar un primer estudio sobre la aplicación práctica de esta normativa. La finalidad principal de esta reforma fue garantizar que las personas perjudicadas por infracciones antitrust fueran efectiva y plenamente indemnizadas. Partiendo de este objetivo, el legislador introdujo medidas para protegerlas. Concretamente, en esta obra se analizan los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC, que regulan el acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del Derecho de la competencia. El acceso a las fuentes de prueba hace más efectiva la reclamación de daños en la aplicación privada del Derecho de la Competencia, pues redunda en la reducción de la asimetría de información entre las partes y en una mejor tutela a los justiciables. Este trabajo ofrece al lector un análisis crítico y exhaustivo del acceso a información cuando ha habido daños por prácticas anticoncurrenciales. Reflexiona sobre su origen, regulación y posible mejora, poniendo de relieve la problemática detectada en la práctica judicial, revelando posibles lagunas normativas o previsiones legales que dificultasen o impidiesen su ejercicio, y ofreciendo una propuesta articulada y justificada de lege ferenda. Todo ello, en aras a potenciar su utilidad práctica, ampliar su campo de aplicación y, en definitiva, mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva.