En nuestro país se produce de manera reiterada un comportamiento contrario a la ley que suscita numerosos litigios, el cual consiste en ejecutar prestaciones para entidades públicas sin el amparo del correspondiente contrato estatal, porque este no se perfeccionó, no es ejecutable o terminó. La ausencia de un contrato que sustente las pretensiones del particular que prestó los servicios, transfirió los bienes o ejecutó las obras en beneficio del Estado dificulta muchísimo la satisfacción de sus demandas. En este libro se aborda esta problemática en sus diversas manifestaciones, analizando la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero antes se examina la figura que se ha utilizado para resolver estas diferencias, a saber, el enriquecimiento sin justa causa.