En la actualidad asistimos a un creciente fenómeno de expansión del Derecho penal sobre la actividad empresaria de las personas. Esta realidad trajo consigo una ampliación de los criterios clásicos de imputación de responsabilidad penal por comportamientos disvaliosos en este ámbito concreto de la vida social. Esta tendencia obedece, principalmente, al cambio de paradigma operado por aquello que se ha dado en llamar -sociedad de riesgo-, donde la noción de azar como explicación causal de riesgos lesivos para bienes jurídicos ha entrado en crisis. Esta situación importó una demanda social de mayor protección, la cual ha sido canalizada por el Estado a través del instrumento penal. (El autor)