La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se encuentra parcialmente despenalizada en Colombia desde 2006, mediante la sentencia C-335. Dicha despenalización tuvo efectos no solamente en el ámbito penal sino también en relación con el derecho a la salud. En este sentido, generó obligaciones para el Estado y derechos para las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar de que ya se han cumplico siete años desde la emisión de la sentencia, persisten importantes barreras a la garantía efectiva del acceso a la IVE para las mujeres que se encuentran en los tres casos no penalizados. Este documento identifica los principales obstáculos.