España se ve hoy afectada, en todo su territorio, por la normativa de la Unión Europea en materia de calidad de las aguas, por la comúnmente denominada “política comunitaria de aguas”, que es uno de los campos más desarrollados de la protección del medio ambiente en el ámbito de la Unión Europea. Consecuencia del carácter transversal u horizontal de las políticas medioambientales, la Directiva Marco de Agua regula las cuestiones relacionadas con la calidad de las mismas y mediatiza cuestiones financieras y tributarias que afectan a las aguas, incidiendo así directamente en cuestiones económicas, como el tema del precio del agua.