La actual crisis de la ley ha vuelto a poner encima de la mesa la clásica cuestión de la legitimidad, cuando se creía haberla resuelto en la modernidad, bajo la égida del procedimentalismo deliberativo democrático. En efecto, día a día puede comprobarse que el plano normativo resulta insuficiente para ofrecer respuestas satisfactorias ante los problemas y retos que se les vienen presentando a nuestras democracias en el presente contexto post-moderno, globalizado, multicultural y polifónico. El abordaje de esta fundamental y ardua cuestión constituye, pues, una necesidad de primera magnitud, en orden a realizar el bien común y lo justo en nuestras sociedades.