Disponer de una atención sanitaria pública, universal y de calidad es un derecho ciudadano, independiente de la condición social o lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que desmantelan el Estado del bienestar y favorecen la privatización de la sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una mercancía más, la sanidad pública está -en venta-: se cierran centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las listas de espera, se amplia el prepago... La ciudadanía debe saber lo que nos jugamos: perder un derecho esencial conseguido tras largas luchas sociales.