Todas las sociedades son plurales. Por ello, un Estado que se precie de democrático no puede ne­gar dicha rea­lidad y debe reconocer el pluralismo en toda su ex­­tensión. En este sentido, la de­­mo­cratización de Amé­rica Latina va unida inexorablemente al reconocimiento y respeto de la di­­versidad étnica y cultural. Diversidad que, en el ámbito normativo, encuentra su reflejo directo en la vigencia del Derecho indígena, que coexiste junto al Derecho estatal.