La Revolución francesa inauguró un Estado moderno como Estado de Derecho, en el que no solamente los gobernados sino también los gobernantes estarían sometidos al ordenamiento jurídico de cada nación. Ese Estado que confrontaba el despotismo de los monarcas aspiró a limitar y a contener los abusos y los excesos de esos gobernantes proclives al absolutismo, apelando para ello a la teoría de los pesos y contrapesos, siendo el poder judicial la principal salvaguarda de ese nuevo Estado, garante de los derechos de todos. Pero en la praxis de los primeros regímenes liberales, las cosas no parecieron responder al proclamado principio de igualdad