El derecho de información, reconocido en el artículo 93 LSC como un derecho mínimo del socio, ha sido objeto de una profunda modificación por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre que ha dado como resultado una restricción del mismo. La relevancia de este derecho es incuestionable, pues permite conocer los datos necesarios para participar en la vida de la sociedad, por tanto, fomenta la transparencia de la información, y también, en cierta medida, permite tener control en la labor de gestión del órgano de administración.