A medida que en el tráfico económico se ha convertido en práctica normal el empleo de nombres geográficos en la individualización de productos, en especial los procedentes de la agricultura y de la artesanía, se ha ido decantando con perfiles cada vez más nítidos la presencia de diversos intereses en torno a esta utilización (de productores, consumidores, de la economía en general, etc.), lo que impulsó el establecimiento por los poderes públicos de fórmulas que se articularon básicamente a través de áreas jurídicas ya existentes.