Muchos cambios en el régimen español de la intervención pública sobre la economía se han precipitado durante el último lustro de crisis. La recesión ha puesto a prueba las clásicas técnicas de policía, fomento y servicio público, evidenciando fallos pasados por alto durante la anterior década de crecimiento del PIB español. Nos encontramos ante una encrucijada en la que el pragmatismo con aspiraciones ideales ha de imponerse a las visiones más rácanas y miopes de la teoría económica. El desafío de la innovación se presenta también para el Derecho administrativo económico, obligado a readaptar su instrumental y presentar soluciones cooperativas y competitivas en cada una de sus instituciones.