Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones indebidas, ilícitos contra la competencia o delitos contra la administración pública).