La opción de la Constitución por un órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de por un modelo en que tales funciones de gobierno se encomendasen al Poder Ejecutivo, ha conocido desarrollos legislativos de diverso signo, tanto en lo relativo a la selección de los miembros del órgano como a sus funciones. De ello se deriva la ausencia de un modelo claro por parte del legislador, lo que ha incidido también en el propio funcionamiento del Consejo, en permanente transición.