En esta obra la autora argumenta que la justicia arbitral tiene competencia plena para dirimir las controversias derivadas de actos administrativos contractuales --incluyendo la legalidad de estos-- en los contratos estatales. También se incluye un exhaustivo examen de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la arbitrabilidad objetiva de cara a los contratos estatales, y expone la urgente necesidad que tiene el ordenamiento jurídico colombiano de darle una importancia preponderante al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos.