A la pregunta sobre si la protección constitucional robusta de los derechos sociales está justificada en una democracia, suele decirse que hay que elegir entre la supremacía de los tribunales o la superioridad del legislativo: la primera posición puede mermar la legitimidad del sistema político (al ser los jueces quienes deciden sobre los derechos sociales), y la segunda puede, eventualmente, llevar a un fracaso en la protección de los derechos sociales de todos. Para la autora este dilema es incorrecto. El libro argumenta que es viable reconciliar ambas posiciones y aprovechar las fortalezas de cada una para justificar los derechos sociales constitucionales desde la legitimidad democrática.