En los Estados Sociales de nuestro tiempo se espera de la Administración Pública un elevado número de prestaciones. Y es en este escenario donde la administración entabla una relación jurídico prestacional con los ciudadanos y actúa sobre las esferas más íntimas del hombre que tienen que ver con sus derechos fundamentales, generándose una especie de “zona de peligro” para su plena vigencia. Ante esto, los tradicionales principios de control de la Administración resultan necesarios pero insuficientes y se ve necesario buscar nuevas vías que permitan un equilibrio constitucionalmente adecuado entre la capacidad de decisión de quien realiza la prestación y los derechos de su destinatario.